Los Gringuitos Al Aire

La nueva ley debe ayudar a pasar de la fragmentación a la coherencia; de la acumulación de programas a la priorización estratégica; de la evaluación decorativa a la evaluación con consecuencias; de la centralización burocrática a la autonomía responsable.

El Decreto 309-26, emitido por el presidente Luis Abinader, abre una oportunidad de enorme trascendencia para la República Dominicana: repensar de manera integral el sistema educativo nacional y elaborar un anteproyecto de ley capaz de responder a los desafíos del presente y del futuro. Su mayor valor es que desplaza el centro del debate: de una eventual fusión administrativa entre ministerios hacia la construcción de un sistema educativo nacional integral, articulado con la ciencia, la tecnología, la innovación, la formación técnico-profesional y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Desde esa perspectiva, la nueva ley que se elabore debe ser mucho más que una mera actualización normativa o una redistribución de competencias entre el Minerd, el Mescyt, el Infotep y otros órganos del sector. Debe convertirse en una ley marco para la transformación educativa. Su pregunta rectora debería ser clara: ¿cómo lograr que cada disposición de la ley contribuya a mejorar los aprendizajes, a fortalecer las trayectorias educativas y laborales, a reducir las desigualdades y a permitir que el sistema aprenda de su propio desempeño?

Las evaluaciones realizadas hasta ahora muestran que en las últimas cuatro décadas se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar el sistema educativo y que el país ha acumulado experiencias en formulación y ejecución de políticas, programas, pactos, reformas curriculares, mecanismos de evaluación e inversión pública significativa; esos esfuerzos, sin embargo, no se han traducido de manera suficiente en mejores aprendizajes, en mayor pertinencia de la formación ni en la reducción de las brechas sociales y territoriales. Este hecho muestra que el problema no es solo de recursos o normas, sino de coherencia sistémica: dificultad para articular niveles, sostener políticas, usar evidencia, evitar duplicidades y convertir la inversión pública en valor educativo efectivo.

Entre las mayores dificultades históricas que han obstaculizado el logro de los avances deseados en materia de educación están la articulación de sus componentes, sostener políticas en el tiempo, usar evidencia para corregir rumbos, evitar duplicidades, alinear currículo, formación docente, evaluación, certificación, financiamiento y gestión territorial, y convertir la inversión pública en valor educativo efectivo. Por eso la nueva ley debe ayudar a pasar de la fragmentación a la coherencia; de la acumulación de programas a la priorización estratégica; de la evaluación decorativa a la evaluación con consecuencias; de la centralización burocrática a la autonomía responsable; y de la cobertura sin resultados suficientes a trayectorias educativas y laborales exitosas.

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El primer principio de la nueva ley debe ser la centralidad del aprendizaje y del desarrollo integral. La educación no puede medirse solo por la matrícula, la infraestructura, el presupuesto ejecutado o el número de programas implementados. Esos elementos son importantes, pero son medios. El fin es que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos aprendan más y mejor, desarrollen pensamiento crítico, competencias relevantes, sensibilidad ética, ciudadanía democrática, identidad cultural, capacidad de convivencia, creatividad y disposición para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida.

La transformación educativa que el país requiere no puede reducirse a preparar para el mercado laboral, a pesar de su importancia. La pertinencia de la educación debe entenderse en sentido amplio: social, cultural, científica, productiva, ciudadana y humana. Educar no es únicamente entrenar para ocupar puestos de trabajo; es formar personas capaces de comprender la complejidad del mundo, actuar con criterio, participar responsablemente en la vida democrática, construir proyectos de vida dignos y contribuir al desarrollo sostenible del país.

Un segundo principio que debe orientar esta transformación y la elaboración de la ley que la exprese es considerar la educación como un derecho fundamental, un bien público y una responsabilidad indelegable del Estado. La participación de instituciones privadas, comunidades, familias, organizaciones sociales y sector productivo es necesaria y valiosa. Pero esa participación debe ocurrir bajo reglas públicas claras, orientadas al interés general y bajo la rectoría del Estado.

Un tercer principio que debe informar los esfuerzos de transformación es la coherencia sistémica. Es prioritario que la nueva ley corrija la fragmentación entre niveles, subsistemas, modalidades e instituciones. La educación inicial, básica, media, superior y técnico-profesional no pueden seguir operando como compartimentos estancos. El Marco Nacional de Cualificaciones debe convertirse en un instrumento jurídico y operativo para articular trayectorias, reconocer aprendizajes previos, facilitar equivalencias, homologaciones, certificaciones, la movilidad académica y la movilidad laboral.

En el nuevo ordenamiento normativo y sistémico, el Infotep merece una atención especial. Su articulación con el sistema educativo es indispensable, pero no debe confundirse con la absorción administrativa ni con la pérdida de su naturaleza institucional. La formación técnico-profesional requiere una relación estrecha con el mundo del trabajo, con empleadores, trabajadores, sectores productivos y territorios. La nueva ley debe articular al Infotep dentro del sistema educativo nacional respetando su autonomía, su gobernanza, su experiencia acumulada y su capacidad de responder con flexibilidad a las necesidades de capacitación, perfeccionamiento, especialización y reconversión laboral.

Un cuarto principio orientador tiene que ser el de la equidad. Es esencial que la nueva ley parta del reconocimiento de que las personas, los centros educativos, las universidades, los territorios y las instituciones no se encuentran en las mismas condiciones. Este reconocimiento hace imperativo que la ley tome conciencia de que la igualdad formal no basta. Se requieren políticas diferenciadas para cerrar brechas sociales, económicas, territoriales, digitales, de género, de discapacidad, de ruralidad, de edad, de rezago educativo, de pobreza y de exclusión. La inclusión no puede limitarse al acceso físico. Debe abarcar la permanencia, el aprendizaje, la participación, los apoyos, los ajustes razonables, el bienestar, la protección y la culminación exitosa.

Un quinto principio que debe estar presente al diseñar la nueva ley es la calidad, la mejora continua y su evaluación con consecuencias. Evaluar sin decidir debilita el sistema. La nueva ley debe establecer estándares, indicadores, evaluaciones periódicas, autoevaluación, acreditación, planes de mejora, informes públicos y consecuencias proporcionales. La calidad no puede quedar reducida a informes que se reciben, se archivan y no modifican las decisiones.